La pasada tarde del jueves (28) el Consejo General (Parlamento) de Andorra aprobó la ley que equipara los derechos de las uniones civiles entre personas del mismo sexo con los de los matrimonios, incluyendo la adopción de hijos. La nueva ley, que ha obtenido los votos a favor de Demócratas por Andorra (DA), el grupo con mayoría absoluta en el Parlamento, ha optado en una decisión tomada como discriminatoria usar el término ‘unión civil’ en lugar de matrimonio para evitar un conflicto institucional con el Copríncipe Episcopal (uno de los dos jefes de Estado), el arzobispo de La Seu d’Urgell.
Desde DA se destaca en que con la nueva ley se ha dado un paso trascendental en la equiparación de derechos sociales y que el término escogido (unión civil) resulta el «más adecuado» a la realidad social que vive Andorra actualmente. Los dos grupos de la oposición, de tendencia socialista, se han negado a aprobar el texto (el Partido Socialdemócrata con la abstención y el grupo mixto con los votos en contra) dado que consideran que más allá del avance en materia de derechos, se libre de todo tipo de discriminación a la ley, utilizando como debería ser la palabra matrimonio en lugar de unión civil.
Desde el colectivo LGBT andorrano se defiende el mismo argumento y subrayan que la ley genera en si misma discriminación hacia las minorías sexuales. Carlos Perea, líder de la organización Gaymz, resalta que «dos uniones que tienen el mismo efecto legal no se pueden denominar de manera distinta».